La página del Tribunal Superior Electoral (TSE) indica que consta en la agenda el referendo de decisión de Gonçalves, en la Acción de Investigación Judicial Electoral enjuiciada por el Partido Democrático Laborista contra Bolsonaro, candidato a la reelección en las justas comiciales de octubre.
En su laudo, firmado el martes, el corregidor negó la solicitud de la defensa para retirar los autos del acta de decreto del Estado de Defensa, decomisada por la Policía Federal (PF) en la residencia de Anderson Torres, exministro de Justicia y Seguridad Pública, durante diligencia ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF).
La PF halló en enero en el domicilio de Torres un decreto para revertir el resultado del sufragio que ganó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tal documento fue encontrado en un armario de la vivienda del exministro, quien ocupó el cargo bajo el mandato de Bolsonaro.
La televisora GloboNews descubrió que el contenido descubierto por la PF cita el restablecimiento inmediato de corrección de la elección de 2022.
Según un experto escuchado por el portal G1, el propósito del decreto «sería interferir en el Tribunal Superior Electoral para Bolsonaro autodeclararse ganador de las elecciones».
Renato Ribeiro de Almeida, coordinador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político, afirmó además que la disposición, si se publicaba, sería «totalmente inconstitucional».
«Es un golpe. No existe una previsión legal para ello. No existe en el Estado Democrático de Derecho. Es un acto preparatorio de delito. Si se puso en práctica, conduciría a la detención de Anderson Torres y el propio Jair Bolsonaro», remarcó.
En el registro, autorizado por el juez Alexandre de Moraes, del STF, tras ordenar la detención de Torres, la Policía también decomisó un arma, su libreta, así como una memoria USB.
Torres era el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (DF) el 8 de enero cuando adeptos radicales de Bolsonaro atacaron los edificios de los tres poderes en Brasilia.
Grupos de extremistas de derecha penetraron violentamente y depredaron las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Por las acciones vandálicas y antidemocráticas, y en momentos en que visitaba Estados Unidos, Torres fue apartado del cargo por el gobernador del DF, Ibaneis Rocha, bajo sospecha de estar involucrado con los actos golpistas.
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