Juristas y organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran este proceso crucial para reducir los casos de abusos cometidos por los uniformados contra la población.
Tal juicio fue abierto por una acción directa de inconstitucionalidad, presentada por la Fiscalía General, en la cual se considera ilegal parte de una ley complementaria que dio ese poder a la Justicia Militar.
El caso estaba detenido por una solicitud de vista del ministro Ricardo Lewandowski, del STF, pero ahora el análisis debe ser completado en el pleno virtual entre este viernes y el 17 de febrero.
La observación puede ser transferida a la sesión presencial del Supremo, si así lo solicita algún ministro.
Sobran críticas a la actuación de la Justicia Militar por la falta de castigo a castrenses, cuando son acusados de matar, torturar o cometer otros crímenes sin relación con la jerarquía del cuartel.
De acuerdo con el grupo Tortura Nunca Más, los uniformados son absueltos en la mayoría de los crímenes cometidos contra civiles.
«La Justicia Militar pasa a la cabeza de militares que violan derechos humanos y es muy dura cuando juzga a civiles que atacan algún interés castrense. Es una justicia extremadamente corporativa», señala el jurista Daniel Sarmento, profesor titular de derecho constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y abogado de Tortura.
En primera instancia, crímenes cometidos por militares son juzgados por un Consejo de Justicia, formado por un juez civil y otros cuatro uniformados.
También en segunda instancia, militares son amplia mayoría en el colegio. El plenario del Superior Tribunal Militar está compuesto por 10 uniformados y cinco civiles.
Por lo anterior, los expertos alegan que faltan condiciones institucionales para juicios imparciales.
Asimismo, se critica el hecho de que hasta militares sin formación jurídica deciden procesos penales contra sus pares, algo inconcebible en la justicia común.
Los letrados consideran una violación a la Constitución Federal ese poder dado a la Justicia Militar para juzgar crímenes cometidos contra civiles por las Fuerzas Armadas, cuando se perpetran en actividades de seguridad pública.
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