Eso significa que un nuevo juez del TCE deberá decidir sobre el pedido presentado por la Coordinadora Popular por la Revocatoria, un colectivo que desde el año pasado busca sacar de su cargo al mandatario mediante un proceso previsto en la Constitución.
La Coordinadora, liderada por la activista Kerly Carvajal, apeló a esa instancia debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó en julio de 2022 la entrega de formularios para recoger las firmas necesarias para iniciar el proceso.
En aquel momento el CNE argumentó que no habían presentado las pruebas suficientes para demostrar el incumplimiento del Plan de Gobierno de Guillermo Lasso y su vicepresidente, Alfredo Borrero.
La revocatoria, establecida en la Carta Magna, permite a los ciudadanos terminar, a través de las urnas, el periodo para el cual las autoridades fueron electas.
Este fallo llega luego de la derrota de Lasso en las urnas, pues el referendo constitucional propuesto fue rechazado por la mayoría de los ecuatorianos en los comicios del pasado 5 de febrero.
A la revocatoria se suman los llamados de diversos partidos políticos y organizaciones sociales a la renuncia del gobernante o iniciar un proceso de “muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas.
lam/avr
