Un sondeo del Instituto Kantar destacó que apenas 28 por ciento respalda la iniciativa y 23 por ciento no está seguro sobre qué postura adoptar.
El 59 por ciento de los entrevistados estimó que el Ejecutivo debería detener el proyecto y dialogar, mientras 22 por ciento consideró mejor mantener el cronograma propuesto.
El plan presentado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, restringirían la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes debido a la llamada cláusula de anulación, que permitiría al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
También le daría al Gobierno control total sobre la selección de jueces, evitaría que la corte use una prueba de razonabilidad para juzgar una legislación y las decisiones gubernamentales, y permitiría a los ministros designar a sus propios asesores legales.
La propuesta desencadenó masivas protestas de diversos sectores israelíes: desde la izquierda y árabes hasta empresarios.
Precisamente, el portal noticioso Arutz Sheva reportó que esta mañana numerosas personas bloquearon una carretera con rumbo al aeropuerto internacional Ben Gurion como parte de sus acciones contra la reforma.
Días atrás más de 50 destacados economistas de universidades estadounidenses, incluidos 11 premios Nobel, criticaron el plan.
En una carta abierta a Netanyahu, los expertos advirtieron contra los cambios propuestos por su impacto negativo en el crecimiento económico de la nación.
Medios de prensa nacionales reportaron que ya comenzó la fuga de capital ante la incertidumbre causada por la normativa y el temor a un conflicto interno de mayor magnitud.
A finales de enero durante una reunión con Netanyahu varios empresarios le advirtieron que eso pasaría.
Hace unos días, una encuesta de Instituto de Democracia de Israel reflejó que un 31 por ciento de los israelíes estima probable el inicio de un conflicto civil violento debido a la alta polarización.
La situación escaló a tal punto, que ya varios políticos de oposición llamaron abiertamente a la desobediencia civil.
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