Ese colectivo presentó un informe que aborda las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, principalmente en las cárceles, donde murieron 591 reclusos desde 2018.
La inoperancia del Estado impone un contexto de violencia también en las comunidades empobrecidas y segregadas de las ciudades, lo cual refleja un “abandono estatal histórico”, señala el documento de 160 páginas.
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que ese informe puede servir de insumo para construir una sociedad donde todos sean tratados como seres humanos, “con dignidad y derechos”.
De acuerdo con Navarrete, 2022 fue un año de incremento acelerado del miedo y la pobreza en el país, que atraviesa un periodo incierto por las graves tendencias adversas al disfrute de los derechos fundamentales.
Insistió en la incapacidad del Gobierno para garantizar la vida, la integridad personal, la seguridad y las condiciones básicas de la población.
El Estado sufre una crisis de gobernabilidad debido a que el crimen organizado se ha infiltrado en el poder político, afirmó Navarrete justo cuando el gobierno enfrenta denuncias por supuestos vínculos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa.
Además, analistas consideran que el abandono estatal y el alza de la inseguridad contribuyeron al fracaso del Gobierno en la consulta popular del pasado 5 de febrero, cuando la ciudadanía rechazó las ocho preguntas del referendo y eligió autoridades locales de tendencia progresista.
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