El problema es abordado en un informe del diario El Faro, un medio que se caracteriza por hacer “periodismo incómodo”, según sus propios directivos, y el cual se refiere a la captura arbitraria de un albañil durante el régimen de excepción y otros casos.
Precisa la publicación que la Unidad de Control de la Policía determinó que la captura de José Alfredo Grande Martínez, un albañil que vivía en la comunidad Emanuel de Santa Ana, fue injustificada.
Los agentes plasmaron información falsa en el acta de detención, algo que, según recomendaron los inspectores, debe ser investigado por la Fiscalía y la Inspectoría del Ministerio de Justicia y Seguridad, indicó el informe.
Pese a ser víctima de esas arbitrariedades, el trabajador continúa detenido en un penal de Santa Ana, lo que es reconocido por las autoridades.
Al respecto de estas acciones, el vicepresidente de la República y también abogado, Félix Ulloa, señaló en 2022 que existen “errores humanos” que lastran estas políticas pero que el Gobierno se propone «enmendar».
El albañil fue capturado por colaborar presuntamente con la 37 Locos Salvatruchos (37LS), una clica de la pandilla MS-13. Lo llevaron a las bartolinas del 911 en Santa Ana y al siguiente día, el 6 de abril, lo trasladaron al penal de Izalco, reseña la publicación.
La investigación interna de la Policía confirmó que los policías plasmaron información falsa en los documentos de captura, amplió El Faro.
En agosto de 2022, el diario publicó el reportaje: Los expedientes ocultos del Régimen: cientos de arresto por «nerviosismo» y «ficha policial», en el cual una fuente de la División de Investigaciones de la Policía advirtió sobre procedimientos irregulares como una práctica cotidiana del régimen de excepción.
El caso de Grande Martínez encaja en esta práctica. El acta está firmada por tres policías que no participaron en la detención, pero lo más grave es que el documento consigna más información falsa.
Este y otros miles de casos son atribuidos hoy a los “errores humanos” que ocurren al aplicarse la política gubernamental para combatir a las maras o pandillas.
En El Salvador las autoridades arrestaron a más de 64 mil pandilleros y presuntos colaboradores desde que se aplica el Plan de Control territorial, y la pregunta que flota en el ambiente es ¿Cuánto son realmente terroristas, como los califica la ley, o delincuentes?
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