En una carta pública enviada el presidente de Israel, Isaac Herzog, alertaron sobre los peligros de esa normativa.
El grupo incluye a antiguos jerarcas policiales y del Shin Bet y el Mossad (servicios de seguridad interior y exterior, respectivamente).
El exjefe de Shin Bet Nadav Argaman, los exdirectores del Mossad Tamir Pardo y Danny Yatom, el excomisionado de policía Shlomo Aharonishki y el exasesor de seguridad nacional Uzi Arad son algunos de los firmantes.
La iniciativa presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes debido a la llamada cláusula de anulación, que permitiría al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
También le daría al Gobierno control total sobre la selección de jueces, evitaría que la corte use una prueba de razonabilidad para juzgar una legislación y las decisiones gubernamentales, y permitiría a los ministros designar a sus propios asesores legales.
“En los casos en que se daña el estado de derecho y la independencia judicial, los primeros en verse perjudicados son los soldados y las fuerzas de seguridad”, afirmaron los exfuncionarios en la misiva.
De forma paralela, unos 550 excomandos navales de la unidad de élite Shayetet 13 instaron en otra carta al ministro de Defensa, Yoav Gallant, a oponerse a la reforma judicial, que desencadenó masivas protestas de diversos sectores israelíes: desde la izquierda y árabes hasta empresarios.
Un sondeo del Instituto Kantar reveló esta semana que el 50 por ciento de los israelíes rechaza el proyecto, en tanto 28 por ciento lo respalda y 23 por ciento no está seguro sobre qué postura adoptar.
El 59 por ciento de los entrevistados estimó que el Ejecutivo debería detener el proyecto y dialogar, mientras 22 por ciento consideró mejor mantener el cronograma propuesto.
Días atrás más de 50 destacados economistas de universidades estadounidenses, incluidos 11 premios Nobel, criticaron el plan.
En una carta abierta a Netanyahu, los expertos advirtieron contra los cambios propuestos por su impacto negativo en el crecimiento económico de la nación.
Medios de prensa nacionales reportaron que ya comenzó la fuga de capital ante la incertidumbre causada por la normativa y el temor a un conflicto interno de mayor magnitud.
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