Un comunicado de la Cancillería rechazó de manera categórica un documento divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores guyanés, en el contexto de la conmemoración del aniversario 57 de la firma de ese pacto.
En ese texto, se emiten consideraciones discrepantes de lo que “debería ser una conducta apegada al estado de Derecho Internacional y a sus deberes, conforme con el referido convenio», expresó.
Guyana sabe bien que, aunque ella ni soñaba en nacer como Estado independiente hasta 1966, que Venezuela posee los títulos históricos y jurídicos indiscutibles que demuestran que la Guayana Esequiba le pertenece desde antes y tras su formación como República libre, soberana e independiente en 1810, indicó.
La nota afirmó que el único objetivo del imperio británico fue despojar a Venezuela de su territorio, para robarle y saquearle sus recursos mediante el fraude arbitral de París, en 1899.
Añadió que, precisamente, esa constatación de la contención venezolana de que el laudo es nulo es lo que le da nacimiento al Acuerdo de Ginebra, para resolver la controversia territorial de forma amistosa.
Resulta sorprendente que Guyana acuse falsamente a Venezuela de socavar el Acuerdo de Ginebra y, en cambio, de forma aventurada afirme que este no le impide actos de disposición, explotación y degradación activa y arbitraria del territorio terrestre, expresó.
Manifestó que estas acciones “exceden abusivamente” cualquier fórmula de administración respetuosa con la realidad de un territorio contencioso.
Preocupa que esta línea de conducta haya conllevado a la deplorable y protestada “entrega” de vastos espacios de selva, reservas hídricas, forestales y de oxígeno planetario, a la voracidad del extractivismo del oro, entre muchos otros recursos practicado por trasnacionales, apuntó el texto.
Denunció que, en nada, esos actos repercutieron durante décadas en el desarrollo social y humano del amado pueblo de Guyana.
El comunicado subrayó que es precisamente Guyana la que unilateralmente intenta abstraerse del Acuerdo de Ginebra, con una interpretación legal, nacida y financiada por transnacionales petroleras, desconociendo así sus responsabilidades internacionales.
Estas, dijo, se derivan de un Acuerdo Internacional válidamente suscrito y registrado ante la ONU, que ordena resolver la controversia territorial de forma amistosa, y como siempre Venezuela espera sea cumplido, en correspondencia con su Diplomacia de Paz.
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