Según el canal CNN, la nueva medida compuesta por 153 páginas podría afectar a decenas de miles de personas y enfrentó al actual mandatario, Joe Biden, con sus propios aliados.
Los críticos argumentan que el enfoque de la administración es demasiado estricto y se basa en normativas de la era Trump (2017-2021), que limitaban drásticamente la capacidad de los indocumentados para solicitar asilo en Estados Unidos si residían o viajaban a través de otras naciones antes de llegar aquí.
Sin embargo, de acuerdo con el texto de la regulación, la propuesta presumiría la inelegibilidad de asilo y “alentaría a los migrantes a aprovechar vías legales, seguras y ordenadas hacia Estados Unidos, o de otro modo a buscar protección en los países que transitan”.
Como recuerda la televisora, la mayoría de los migrantes tienen estancia en otro territorio, o varios, en su viaje a esta nación norteamericana.
El medio agregó que la norma generalmente se aplicaría a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera por México, excluyendo a los niños indocumentados no acompañados.
“Para ser claros, esta no era nuestra primera preferencia ni nuestra segunda”, comentó un funcionario de la administración citado por CNN, y añadió que la responsabilidad de aprobar la reforma recae en el Congreso.
Defensores de los inmigrantes y legisladores demócratas condenaron la nueva normativa, como los miembros de la Cámara de Representantes Jerry Nadler y Pramila Jayapal.
En una declaración conjunta los congresistas afirmaron que estaban “profundamente decepcionados con la propuesta de la administración Biden de limitar el acceso al asilo”, pues la capacidad de solicitar ese proceder “es un principio fundamental protegido por la ley federal y nunca debe violarse”.
Para Krish O’Mara Vignarajah, presidenta del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, “esta regla llega al basurero de la historia para resucitar una de las políticas contra el asilo más dañinas e ilegales de la administración Trump”.
Ya antes para gestionar la frontera el Gobierno de Biden empleó la orden fronteriza conocida como Título 42, también heredada de su predecesor, que permite desde marzo de 2020 expulsar a los indocumentados y fue criticada por su aplicación de manera selectiva.
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