La disposición, considerada como un paso de avance en la lucha contra el abuso oculto del matrimonio forzado, prohíbe a los jóvenes de 16 y 17 años casarse o formar una unión civil, incluso con el consentimiento de los padres.
La normativa forma parte de una campaña internacional de protección a niños y niñas en riesgo e incluye como delito la materialización de arreglos para que un menor asuma esta práctica, ya sea por la fuerza o no, y el culpable puede enfrentar hasta siete años de cárcel.
De acuerdo con el gobierno, la legislación cubre las ceremonias tradicionales no vinculantes de manera legal, consideradas por las partes y su familia como matrimonios, y esperan el incremento de la identificación y la denuncia en estos casos.
Según Karma Nirvana, miembro de la campaña de la coalición global Girls Not Brides, esta iniciativa resulta un gran paso para el abordaje del abuso, generalmente oculto, y recordó que, el año último, la línea de ayuda nacional intervino en 64 casos de casamientos infantiles.
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