Esa normativa es un nuevo pretexto para legitimar la anexión y afianzar el régimen de apartheid, afirmó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados.
“La pena de muerte viola los derechos fundamentales del pueblo palestino a la vida, la no discriminación y la autodeterminación”, subrayó.
La Cancillería consideró que la iniciativa es cruel, bárbara e inhumana y debe ser eliminada.
Mientras Israel continúa matando palestinos de manera desproporcionada y deliberada, ahora los pondrá de forma arbitraria en los corredores de la muerte, cuestionó.
El ministerio advirtió sobre “las peligrosas repercusiones del proyecto” y responsabilizó a Tel Aviv de sus consecuencias.
Esta es una nueva mancha para quienes predican el estado de derecho pero a la vez permiten las políticas de ese país, afirmó.
Un comité ministerial israelí aprobó ayer en primera lectura ese plan, aunque para que entre en vigor debe ser sancionado por otras cinco instancias legislativas.
Según el texto, se aplicará la pena capital a quienes ejecuten ataques mortales contra israelíes con motivos racistas o de odio y con el objetivo de dañar al Estado.
La fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, consideró inconstitucional la norma, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, denunciado en varias ocasiones por su discurso racista y antiárabe.
Israel no tiene Carta Magna, pero las llamadas Leyes Básicas o fundamentales tienen carácter constitucional.
“Nuestra posición profesional es que no se debe establecer la pena de muerte para el delito de homicidio”, que no es disuasoria y por su naturaleza es irreversible, afirmó Baharav-Miara en su dictamen sobre el tema
De acuerdo con medios de prensa, de aprobarse esa medida no será aplicada a los judíos que asesinen a palestinos.
jf/rob
