La República Bolivariana expuso en un comunicado enviado que esos hechos “nunca han ocurrido” y aportó abundante información que evidencian el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por el Gobierno de Estados Unidos.
Demostró, asimismo, que el sistema de justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizarla, a través del ejercicio de su jurisdicción.
El texto mencionó, como prueba de la naturaleza política de ese proceso, el de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPIcomo “víctima” de “tortura” y “persecución”, pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó haber sufrido vulneraciones a su derecho e integridad personal.
Abundó que esa persona fue designada en 2019 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales.
En el escrito a la Corte, Venezuela denunció, además, las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, las cuales incluyeron la indefensión a la que fue sometido el Estado venezolano durante todo el trámite.
Así como los vínculos probados por ese órgano con organizaciones no gubernamentales que aportaron información contra las autoridades nacionales sobre el tema, lo que “pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha Corte”, indicó.
La República Bolivariana de Venezuela ratificó que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, frente a esta fórmula de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos.
Todo ello, subrayó, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del derecho internacional.
Este martes, el canciller, Yván Gil, denunció en la 52° Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, el doble rasero utilizado por Estados hegemónicos sobre este asunto.
El diplomático denunció que se pretende crear un sistema paralelo que solo responda a intereses determinados y criminaliza a los países del Sur global.
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