La administración también pidió más tiempo para enjuiciar los casos e implementar nuevas formas de prevenir el robo de identidad, señala el diario The Hill.
El coordinador del Plan de Rescate Estadounidense de la Casa Blanca, Gene Sperling, expresó que esperaba que el Congreso considerara el gasto como una inversión.
«Un dólar gastado inteligentemente devolverá a los contribuyentes, o ahorrará, al menos 10», dijo Sperling.
Además, afirmó que esta solicitud forma parte de la propuesta de presupuesto que el presidente Joe Biden tiene programado presentar el 9 de marzo.
Poco después de que se cerraran sectores de la economía en medio de la pandemia de coronavirus, en el 2020, el Congreso comenzó a autorizar medidas de ayuda masivas para auxiliar a los gobiernos, las empresas y las personas afectadas.
Dichas disposiciones -algunas firmadas por Biden y otras por su predecesor, Donald Trump (2017-2021)- totalizaron casi seis billones de dólares. Ese dinero se destinó a impulsar los programas de seguro de desempleo, ayudar a aquellos en la economía informal que perdieron el trabajo, cubrir los costos del gobierno y mantener las empresas a flote.
Pero un comité del Congreso descubrió que hubo casos que condujeron a un fraude masivo, con miles de solicitudes de beneficios por desempleo falsas.
El Departamento de Trabajo estimó que se perdieron alrededor de 164 mil millones solo en pagos indebidos de fraude por desocupación laboral, en gran parte a los estafadores.
Los planes de Biden para esta propuesta apuntan a abordar los enjuiciamientos y la prevención, así como aumentar el plazo de prescripción para tales delitos de los cinco actuales a 10 años, dando más tiempo para investigar los casos.
Prevé además emitir una orden ejecutiva que instruya a las agencias federales sobre cómo tomar medidas contra el fraude de identidad, incluida la modernización de los sistemas gubernamentales para prevenirlo.
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