El grupo de 24 miembros, con paridad de género y elegidos a partes iguales por ambos cuerpos legislativos, quedará instalado luego de una breve ceremonia en la antigua sede del Congreso Nacional, ubicado en la zona centro de esta capital.
La primera tarea será elegir una mesa directiva que genere consenso en una entidad muy heterogénea, desde el punto de vista de ideas y concepciones políticas.
Magaly Fuenzalida, experta designada por la Federación Regionalista Verde Social, la cual forma parte de la coalición del Gobierno, destacó la conveniencia de contar con un buen vocero, que sea capaz de transmitir información y educar acerca de este proceso.
Luego de su instalación, el equipo tendrá un plazo de tres meses para realizar su cometido y entregar el borrador al Consejo Constitucional, que será elegido por voto popular y obligatorio el 7 de mayo y entrará en funciones el 7 de junio.
Como indica el denominado Acuerdo por Chile, firmado en diciembre último por la mayor parte de los partidos con representación legislativa, los expertos son “24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”.
Sin embargo, su común denominador es la vinculación a diferentes agrupaciones políticas, e incluso, varios fueron funcionarios en gobiernos con diversa posición ideológica.
Así, por ejemplo, figura en el grupo Teodoro Rivera, quien fue titular de Justicia durante la primera administración de Sebastián Piñera, y Canciller en el segundo período.
Estará también el abogado Gabriel Osorio, asesor de la cartera del Interior con Michelle Bachelet; y Carlos Frontaura, del partido de extrema derecha Republicanos que, aunque se negó a firmar el Acuerdo por Chile, aprovechó para incluirse en el comité de expertos.
El senador Elizalde destacó la responsabilidad de este equipo para elaborar un anteproyecto de ley fundamental, pero recordó que la última palabra la tendrá siempre el Consejo Constitucional, el cual representará la voluntad del pueblo.
Por esa razón, los expertos se incorporarán a las tareas del consejo, donde tendrán voz, pero no voto a la hora de tomar decisiones.
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