Los legisladores José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y Luis Raúl Torres, independiente tras abandonar las filas del Partido Popular Democrático (PPD), donde militó toda su vida, también refirieron el caso a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público.
Ambos consideraron que el contrato de la empresa Genera PR, LLC, viola disposiciones antimonopolísticas de la Ley 17 de 2019.
“Aquí hay una prohibición legal estableciendo que no se le puede dar más de un 50 por ciento de los activos de generación a una sola compañía, pero se está colocando sobre el 70 por ciento de los activos en sus manos. Eso es una patente violación al artículo 1.8(a) de la Ley 17 de 2019”, sostuvo el representante Márquez.
Los diputados aclararon que en el caso de LUMA Energy, cuyo contrato también ha sido puesto en entredicho, gran parte de los cuestionamientos y las preocupaciones legislativas han tenido que ver con el análisis costo-beneficio de la privatización, a partir de los términos leoninos.
En estricto derecho había un reconocimiento de la facultad legal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de pactar ese tipo de contrato, pero con Genera PR es muy distinto.
“El Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio verticalmente integrado, como tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación», refirió el diputado Torres, quien ha conducido una serie de audiencias en torno a la arbitraria privatización impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por Washington.
Aclaró que ninguna compañía de servicio eléctrico, por sí o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el 50 por ciento o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la AEE, y solo cuando se trate de activos de generación legados.
El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat, admitió en una reciente vista pública ante la Cámara de Representantes que Genera PR tendría el control de 70 por ciento de los activos de generación.
“La semana pasada la Comisión legislativa concluyó en un informe avalado por 11 de sus miembros que el contrato de Genera PR es nulo por ser contrario a la Ley 17; vamos a estar tomando acciones sobre otros incumplimientos legales que hemos identificado, pero este es un primer paso del carácter monopolístico de este contrato”, sostuvo el diputado.
El diputado Torres destacó que “una cosa es monopolizar la generación por visiones gubernamentales y económicas particulares, y otra cosa es monopolizar la generación a toda costa, y en contra de lo que establece la ley”.
“Estamos convencidos de que tanto la Oficina de Asuntos Monopolísticos como la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor tienen el deber ministerial de intervenir”, reiteró el diputado independiente.
Los referidos incluyen un análisis legal de las disposiciones aplicables a contratos de privatización energética y solicitan a los dos organismos el inicio de investigaciones formales sobre el contrato de Genera PR, LLC, con miras a iniciar “todas las acciones civiles y criminales correspondientes”.
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