El Congreso de Sindicatos (TUC) reiteró también su postura en contra de esa propuesta de legislación, tras las recientes críticas emitidas por el Comité Conjunto de Derechos Humanos (JCHR), vinculadas a la facilitación del despido a los trabajadores en protesta.
En su último informe, el grupo multipartidista indicó además que esta iniciativa conservadora impondrá multas multimillonarias a las asociaciones bajo el pretexto de: “no cumplen con las obligaciones de derechos humanos, no están justificadas y deben reconsiderarse”.
Para el comité la norma es “desproporcionada y basada en pruebas insuficientes”, si bien ya está en proceso en la Cámara de los Lores (Cámara Alta del parlamento), luego de su aprobación rápida en la Cámara de los Comunes (Cámara Baja), a finales del mes de enero.
Las organizaciones denuncian, asimismo, que el proyecto de legislación otorga poderes generales a los ministros en el establecimiento de reglas arbitrarias durante las manifestaciones en sectores claves como transporte, salud y educación.
Algunas agrupaciones de libertades civiles, entre ellas, Liberty, Human Rights Watch y Oxfam, y nueve sindicatos europeos, que acogen a 20 millones de trabajadores, condenaron la medida y advirtieron sobre el alejamiento de Reino Unido de las pautas democráticas.
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