Mientras tanto, en el enfrentamiento a la violencia de las maras afloró un nuevo elemento divulgado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien anunció el arresto de un delincuente con “explosivos diseñados para detonarlos a control remoto”, una modalidad desconocida en el país.
Integrante de la clica Tecla Locos Salvatruchos, al sujeto se le ocuparon tres artefactos elaborado con explosivo C4, según el informe.
Los dispositivos encontrados tienen un radio de explosión de 10 metros y se procederá a su detonación en un espacio seguro, indicó el titular. No vamos a permitir que ningún grupo terrorista o de crimen organizado continúe con su accionar delictivo, vamos a cortar de raíz este mal, remarcó Villatoro.
El detenido enfrentará el proceso penal que determine la Fiscalía General de la República, no solo por la tenencia de explosivos, sino también por agrupaciones ilícitas, un delito que tiene una pena de hasta 45 años de prisión desde que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma en marzo del año pasado.
Un hecho destacado e inaudito durante el transcurso de la semana fue la imposición de mil 310 años de cárcel a un delincuente por el asesinato de 33 personas.
En estos días fue noticia el traslado de más de dos mil miembros de las maras a la mega cárcel de Tecoluca, conocido como “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, construido podrá albergar a más de 40 mil personas.
En las últimas jornadas abundaron los informes sobre procesos penales seguidos contra integrantes de las maras, la mayoría de los cuales recibieron condenas de muchos años de prisión por sus actividades delictivas, entre ellos siete integrantes de la Mara Salvatrucha condenados a 28 años de cárcel por extorsionar en San Martín, departamento de San Salvador.
Asimismo un cabecilla de la pandilla 18 y cinco extorsionistas detenidos con el régimen de excepción fueron condenados a 20 años de cárcel.
Para muchos fueron condenas desmesuradas en cuanto a la cantidad de años, algo que en cierta forma se corresponde con pronunciamientos de funcionarios gubernamentales que sostienen los pandilleros no volverán a ver la luz en El Salvador.
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