Tales bodegas emplearon a 207 trabajadores bajo esas condiciones en tierras ubicadas en Bento Gonçalves, en la Sierra Gaucha, estado de Río Grande do Sul, contiguo con Argentina y Uruguay.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) indicó que logró un acuerdo extrajudicial con las vinícolas, el cual establece obligaciones y reparaciones.
La cuantía por la multa será dividida entre los trabajadores rescatados y entidades, fondos o proyectos volcados para la reparación del daño.
El valor fue definido en un término de ajuste de conducta propuesto por el MPT, que investiga el caso.
Según ese órgano, el plazo para los pagos de los daños individuales es de 15 días, a partir de la presentación de la lista de los rescatados.
Por ese hecho permanece arrestado el propietario de una empresa, de 45 años, responsable de contratar personal para la colecta de pulpas y sacrificio de pollos.
El sujeto posee contratos con diversas bodegas de la región y el Ministerio de Trabajo y Empleo analizó individualmente los derechos laborales de cada trabajador para buscar la debida compensación.
La fiscalización constató condiciones insalubres del alojamiento, como mala conservación, higiene y limpieza del local. Fue decomisada una pistola y un spray paralizantes.
De acuerdo con relatos, los trabajadores fueron cooptados por reclutadores de mano de obra, conocidos como gatos, en Bahía, capital del norteño estado de Salvador, y traídos para laborar en la Sierra Gaucha.
Uno de los rescatados contó que «no recibían salario, hacían préstamos con altas tasas de intereses y tenían la libertad, y la locomoción restringida, además de sufrir agresiones físicas».
Una operación realizada el 4 de julio de 2022 rescató a 337 personas mantenidas en situación análoga a la esclavitud en 22 estados de Brasil y el Distrito Federal, según datos divulgados en la ocasión por la Fiscalía Federal.
Entre los salvados, de acuerdo con el Ministerio Público Federal, figuró una mujer que permanecía en ese contexto desde hace 31 años. La víctima fue retirada de la casa de una familia en Sao Paulo.
Tras el descubrimiento de este tipo de delito, los delincuentes son notificados a pagar salarios y rescisión.
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