Según el informe de la Unase, se estima que la cifra de extorsión ha aumentado un 300 por ciento en comparación con años anteriores.
La Unase indicó que el pasado 2 de marzo, en solo dos días, rescataron a cuatro víctimas de secuestro en la llamada Zona 8, que incluye los municipios de Guayaquil, Durán y Samborondón, de la provincia de Guayas, una de las más inseguras del país andino.
Los casos, de acuerdo con Unase, se hicieron mediáticos por reportes de familiares de las víctimas en redes sociales.
Los perjudicados alegan que los extorsionadores piden sumas de dinero de hasta 50 mil dólares para liberar a los secuestrados.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador alertó recientemente sobre el abandono estatal ante la violencia y la inseguridad existente en esta nación sudamericana.
Ese colectivo presentó un informe de 160 páginas donde aseguran que la inoperancia del Estado impone un contexto de violencia también en las comunidades empobrecidas y segregadas de las ciudades, lo cual refleja un “abandono estatal histórico”.
El texto denunció además que el Estado sufre una crisis de gobernabilidad debido a que el crimen organizado se ha infiltrado en el poder político, justo cuando el gobierno enfrenta denuncias por supuestos vínculos con el narcotráfico, en particular con la mafia albanesa.
De igual forma, analistas consideran que el abandono estatal y el alza de la inseguridad contribuyeron al fracaso del Gobierno en la consulta popular del pasado 5 de febrero, cuando la ciudadanía rechazó las ocho preguntas del referendo y eligió autoridades locales de tendencia progresista.
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