Con las nuevas decisiones, permanecerán en la cárcel 392 personas, 310 hombres y 82 mujeres.
Los liberados, que pueden regresar a sus ciudades de origen, son monitoreados con tobillera electrónica y necesitan cumplir con restricciones, como retiro domiciliario nocturno y prohibición de usar redes sociales.
Asimismo, tendrán sus pasaportes cancelados, suspendida la posesión de armas y tendrán que presentarse semanalmente a la Justicia y no pueden comunicarse con otros investigados.
Los despachos del ministro están bajo secreto y las medidas tienen efecto inmediato.
Tal revocación de las detenciones fue determinada por De Moraes después que la Procuraduría General de la República presentó denuncias contra los investigados, por delitos como incitación al crimen y asociación criminal.
En total, la Fiscalía denunció 919 personas por esos crímenes, siendo que 219 responderán también por delitos más graves, como daño calificado, abolición violenta del Estado de Derecho y golpe de Estado.
No es la primera vez que el juez libera a personas que fueron arrestadas después de las embestidas golpistas.
Después de audiencias de custodia, determinó soltar a personas con enfermedades y también otros presos en decisiones individuales.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro protagonizaron acciones antidemocráticas el 8 de enero en Brasilia.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planato, sede del Poder Ejecutivo.
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