Marcela Arellano, presidenta del FUT, afirmó que el IESS pertenece no solo a sus afiliados, sino a todo el país y es necesario fortalecer dicha institución para garantizar servicios de calidad y eliminar la corrupción latente entre sus directivos.
La líder sindical precisó que los expertos trabajarán durante al menos seis meses y sus propuestas constituirán una alternativa a la comisión creada por el Gobierno, la cual -según indicó- responde a los intereses de empresarios y no de la población.
En ese sentido, se pronunció Enrique Galarza, jubilado que formará parte del equipo de especialistas convocados por la FUT, y quien mostró su preocupación por la situación actual del IESS, tan necesario para los ecuatorianos.
Asimismo, el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, rechazó la comisión del Ejecutivo, conformada por quienes pretenden favorecer a patrones y a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Erazo recordó que el Estado debe al IESS alrededor de 25 mil millones de dólares y colocó en la directiva de esa instancia a Richard Gómez, un sindicalista que no los representa. Estas declaraciones tienen lugar justo cuando el IESS cumple este lunes 95 años de creado y llega a su aniversario con menos recursos para inversión en las áreas de pensiones y atención de salud.
En la cita con la prensa los líderes de las organizaciones de trabajadores reiteraron la convocatoria a una movilización mañana en defensa de la seguridad social, del empleo, de la salud, la educación y contra el gobierno de Guillermo Lasso.
El líder de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez, apuntó que la marcha de este martes será pacífica y con ella llamarán a detener la privatización de áreas estratégicas y hacer crecer la economía.
“Si no pueden gobernar, que se vayan”, aseveró Tatamuez en referencia a la gestión del actual Ejecutivo, que mantiene seis millones de desempleados e impulsa políticas neoliberales.
Por su parte, Arellano acotó que las protestas no son el origen de desestabilización ni ponen en riesgo la economía, como pretende hacer creer el Gobierno de Lasso, quien enfrenta pedidos de renuncia y juicio político por parte de organizaciones sociales y movimientos de oposición.
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