“Además, el proceso en sí es apresurado y no tiene un respaldo público amplio”, subrayó durante una entrevista con la televisora estadounidense CNN.
Al ser interrogado sobre si le preocupaba la posibilidad de una fuga masiva de capitales, el funcionario respondió afirmativamente y expresó que el proceso podría haber comenzado.
Los países que manipularon o debilitaron a su banco central sufrieron graves consecuencias económicas, advirtió.
El plan gubernamental provocó fuertes enfrentamientos verbales y en las calles del país, donde crece la oposición a la propuesta, que restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes al permitirle al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
Empresarios, estudiantes, políticos, trabajadores de diversos sectores y hasta militares en activo cuestionaron la normativa, defendida por la derecha y sectores conservadores.
Más de 250 empresarios judíos estadounidenses advirtieron esta semana al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las consecuencias negativas del proyecto.
“Muchos líderes en la comunidad empresarial se sentirán obligados a reevaluar su confianza en Israel como un destino estratégico para la inversión, la obtención de talento, la construcción de centros de ingeniería y el mantenimiento de la propiedad intelectual”, precisaron en una carta enviada a Netanyahu.
Varios empresarios israelíes volvieron la pasada semana a alertar al Gobierno sobre los efectos en la economía de la reforma. Según el Canal 12, un grupo de ellos se reunió con los ministros de Justicia, Yariv Levin, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, a quienes advirtieron sobre los problemas que traerá esa normativa.
Días atrás, una encuesta realizada por la firma Business Data Israel, proveedora de información comercial, reveló que 20 por ciento de las compañías considera sacar su dinero del país o ya lo hizo por temor a las consecuencias de la normativa.
La agencia de calificación Moody’s alertó el miércoles último que Israel enfrenta un riesgo económico a largo plazo debido a la reforma.
“Si se implementan en su totalidad, los cambios propuestos podrían debilitar materialmente la fortaleza del poder judicial y, como tal, ser negativos para el crédito”, señaló Moody’s.
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