Añadió quien fuera el primer jefe de Estado boliviano indígena que esas personas “son víctimas de los bloqueos económicos de Estados Unidos contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina”.
Tras un llamado en su cuenta de Twitter a que Chile respete los derechos humanos, Morales insistió en que la llamada “reconducción” con militarización y sin coordinación bilateral es forzar la expulsión con estigmatización.
Añadió que esa práctica recuerda las políticas abusivas de gobiernos de Estados Unidos que construían muros de exclusión en vez de tender puentes de integración.
“Los pueblos libres de la Patria Grande promueven la ciudadanía universal como respuesta a las políticas de xenofobia que provienen del imperio y la vieja Europa. Vivimos tiempos de descolonización y no de exclusión ni discriminación”, concluyó el líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.
El viceministro de Relaciones Exteriores Freddy Mamani, por su parte, salió al paso la víspera a críticas públicas del presidente de la nación vecina, e indicó que no existe ningún acuerdo que genere obligación ante esa política chilena.
“Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo ésta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, afirmó el vicetitular en un mensaje entregado a Prensa Latina por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aclaró Mamani que “el procedimiento de reconducción, al que se refiere el presidente Boric, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.
Durante una visita al poblado fronterizo de Colchane, el jefe de Estado chileno expresó ante la prensa que Bolivia “no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”.
Esa zona norteña del país transandino enfrenta una conmoción desde 2021 por la llegada masiva de personas por rutas clandestinas y la reacción xenófoba de los moradores de esas pequeñas localidades.
Desde el 27 de febrero del año en curso, el Gobierno de Boric desplegó a las Fuerzas Armadas en puntos considerados críticos de la frontera con Perú y Bolivia, operativo que según se informó se extenderá por tres meses.
Como resultado, hasta el momento fuentes oficiales reportan miles de controles y decenas de detenciones.
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