En un documento enviado al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), el abogado defensor Rodrigo Roca cita que Torres «nada más tiene que añadir a lo que ya fue declarado a la Policía Judicial, en acto que duró más de 10 horas».
El también exministro de Justicia durante la gestión del derrotado mandatario Jair Bolsonaro permanece preso en el IV Batallón de la Policía Militar, en la región Guará II (DF).
También el hecho resulta aclarado por la Cámara Legislativa distrital (CLDF), que hizo varios intentos de convocatoria.
En la última, dio condiciones especiales para Torres, como la dispensa del uso de esposas en una audiencia sin transmisión en vivo. Si accedía a la citación, sería escuchado el 23 de marzo.
De Moraes decidió que no hay legalidad para una conducción coercitiva de Torres a la CLDF y liberó al exsecretario para elegir si iba a prestar testimonio o no.
Anoche, el presidente de la CPI, Chico Vigilante, recibió el comunicado y prometió nuevos intentos.
«Vamos a convocar de nuevo, hasta que cambie de opinión. Mañana mismo presento la solicitud para la citación de testimonio para el día 23», refirió.
Para Vigilante, la argumentación de la defensa de que Torres ya dio todos los esclarecimientos dentro de la investigación del STF «no justifica nada».
Aclaró que la policía es un tipo de investigación, «la de la CPI es completamente diferente», remarcó.
La junta parlamentaria comenzó el 2 de marzo con el testimonio de Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
En su alegato aclaró que Torres salió de vacaciones rumbo a Estados Unidos sin dejar «ninguna orientación específica» sobre los actos.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de adeptos radicales de Bolsonaro protagonizaron acciones antidemocráticas el 8 de enero en Brasilia.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planato, sede del Poder Ejecutivo.
Al desembarcar en Brasil el 14 de enero, Torres fue detenido por posible omisión durante los hechos.
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