El documento fue presentado el jueves por los asambleístas Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES); Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de Pachakutik (PK); y Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC), quienes formalizaron la solicitud con el respaldo de 59 firmas, más de las 46 necesarias para el trámite.
Los legisladores calificaron este suceso como «un día histórico» y explicaron que la causal escogida para acusar al mandatario fue la prevista en el artículo 129.2 de la Constitución, es decir, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, conocidos como delitos contra la administración pública.
Pero el proceso no concluyó ahí, pues una vez presentado el documento, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, puso la solicitud en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para la verificación de los requisitos.
Sin embargo, este viernes el CAL pospuso el primer análisis del proceso judicial contra Lasso y remitió el documento a la Unidad Técnica de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento).
En una sesión virtual, el CAL solicitó al equipo especializado un informe de cumplimiento de requisitos, el cual debe ser entregado en un plazo de 24 horas.
La aprobación del CAL sería el primer filtro del procedimiento para enjuiciar políticamente al mandatario.
Luego, el documento oficializado la víspera con el respaldo de 59 legisladores, pasaría a la Corte Constitucional, entidad que tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad.
Los diferentes pasos del procedimiento pudieran demorar un mes y medio aproximadamente y al final son necesarios 92 votos, de un total de 137 asambleístas, para destituir al presidente.
Mientras tanto, el Gobierno se empeña en rechazar el pedido de juicio político contra el mandatario ecuatoriano.
En un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, el gabinete de Lasso consideró que la demanda carece de “elementos políticos y jurídicos” y tiene como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia.
Lasso llegó a este punto, tras el escándalo que vincula a su cuñado Danilo Carrera y a funcionarios de su Gobierno con una presunta red de corrupción en empresas públicas y aparentes nexos con el narcotráfico, específicamente con la mafia albanesa.
A propósito, esta semana el diario digital La Posta reveló nuevos audios que confirman que el presidente ecuatoriano sabía de los actos de corrupción y narcotráfico en el país sudamericano.
Las grabaciones contienen la conversación entre los generales de la Policía Nacional, Giovanni Ponce y Mauro Vargas, donde deciden cerrar el informe Gran Padrino para no afectar al mandatario ecuatoriano.
En otro de los audios develados por La Posta este martes, la excomandante de la policía Tannya Varela confirma que el gobernante andino conocía del informe sobre vínculos de la mafia albanesa con su círculo íntimo.
La saga de corrupción ha debilitado al gobierno de Lasso y su aceptación entre los ecuatorianos.
De ahí que un nuevo estudio realizado por la encuestadora Clima Social revelara que siete de cada 10 personas en Ecuador desean elecciones anticipadas o la destitución del gobernante de 67 años.
Según la investigación, el 65,8 por ciento de los ciudadanos ecuatorianos apoya la realización de elecciones anticipadas, mientras un 66 por ciento espera que la Asamblea Nacional destituya al mandatario.
El estudio detalló que solo un 26 por ciento de personas se pronunció en contra.
De la misma manera, la encuestadora determinó que el 82,7 por ciento de ecuatorianos tiene una imagen mala o muy mala del presidente Lasso.
Entre tanto, la fuga de la exministra del país andino María de los Ángeles Duarte esta semana evidenció la política errática de Lasso.
Duarte estuvo desde agosto de 2020 junto a su hijo, de nacionalidad argentina, en la embajada de ese país en Quito en calidad de “huésped por razones humanitarias”.
Allí solicitó asilo tras la persecución que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), apoyado por el poder judicial, impulsó contra los seguidores de Rafael Correa.
Tras su salida de Ecuador, Duarte confirmó su decisión de abandonar el país sudamericano alegando que el Gobierno de Lasso la había convertido en rehén política al negarle el salvoconducto que tramitó Argentina en diciembre de 2022 y que le permitiría su salida segura.
Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía, reiteró la exministra en un Twitt.
El hecho generó tensiones en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina.
La cancillería ecuatoriana declaró como «persona non grata» al embajador argentino, Gabriel Fuks, quien abandonó el país sudamericano este viernes.
Para el exvicecanciller de Ecuador Fernando Yépez, la salida de Duarte se está usando para desviar la atención ante la opinión pública, por los graves problemas que enfrenta Lasso respecto al caso Encuentro y a las puertas de un juicio político.
Mientras el escenario político se agudiza para el Gobierno de Lasso, diversas organizaciones sociales y sindicales exigen su salida de la presidencia.
lam/nta
