Un informe de la entidad que publican varios informativos, señala que en 2020, tras el impacto económico causado por la Covid-19, el Ejecutivo elevó sustancialmente el límite de déficit permitido por ley para dar espacio al aumento del gasto y la fuerte caída de ingresos.
El aumento del déficit en los últimos años refleja el alza en los niveles de deuda pública, y con la reducción del déficit se busca que el ritmo de endeudamiento también disminuya.
Fitch ha señalado que, sin una estrategia de consolidación clara, será un desafío cumplir con unos objetivos de déficit cada vez más restrictivos.
A juicio de la agencia evaluadora, el principal componente del gasto público, que es el que se destina a cubrir las operaciones del aparato estatal y los intereses de la deuda, no cede .
Según explicó al diario La Prensa el experto de Fitch Carlos Morales, aunque se prevén ciertos ingresos extraordinarios, entre ellos aportes de la minería, hay presiones de gasto que podrían continuar avanzando el déficit fiscal y no se ve claramente cuál es la trayectoria de contención.
Por su parte, el economista Ernesto Bazán coincidió en que el cumplimiento de la norma este año representa un desafío porque no se ve ningún esfuerzo por parte de la administración en reducir los gastos o en mejorar la eficiencia del Gobierno .
Algunas de las presiones adicionales son consecuencia de los acuerdos alcanzados tras las protestas sociales de julio del año pasado, como por ejemplo el subsidio para congelar el precio del combustible, aún vigente, indicaron.
También incide el futuro cada vez más inmediato aue se asoma de crisis del Subsistema de Beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja de Seguro Social, de donde salen los fondos para pagar las pensiones a los jubilados.
El fin de las reservas del programa está cada vez más cerca y si no se encuentra una solución, el Gobierno tendrá que hacer transferencias para cubrir el pago de las pensiones.
Morales dijo que visto el ritmo del diálogo y que cada vez está más cerca de elecciones generales de 2024, persiste la duda de la capacidad de esta administración por impulsar una reforma de pensiones que mejore la sostenibilidad del sistema.
rgh/ga
