Según la fuente, durante una discusión interna el lunes, los empleados expresaron su preocupación sobre el riesgo potencial a la baja para la calificación crediticia soberana de Israel.
Un deterioro en el perfil de riesgo crediticio conducirá a mayores costos de financiamiento de la deuda pública y encarecerá el endeudamiento para las empresas, además de afectar negativamente las inversiones extranjeras directas, detallaron los funcionarios en un informe presentado a su jefe, firme partidario de la reforma.
En tal escenario, el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación perdería en una década de 14 a 27 mil millones de dólares anuales y la carga de financiamiento de la deuda pública aumentaría de 876 millones a 2,3 mil millones de dólares cada 12 meses.
A su vez, la caída del PIB reduciría en gran medida los ingresos del Gobierno, de acuerdo con el estudio.
A la reunión con Smotrich asistieron Shira Greenberg, economista jefa del ministerio, los directores general y de presupuesto, Shlomi Heisler y Yogev Gradus, respectivamente; el contador general, Yali Rotenberg, y el jefe de la autoridad fiscal, Eran Yaacov.
Mi posición con respecto a la reforma es conocida y creo que generará grandes oportunidades para la economía, respondió el ministro, según el diario The Jerusalem Post.
El lunes el gobernador del banco central, Amir Yaron, se reunió con la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para discutir las implicaciones económicas de esa idea.
Yaron criticó la propuesta la semana pasada durante una entrevista con la televisora estadounidense CNN.
Al ser interrogado sobre si le preocupaba la posibilidad de una fuga masiva de capitales, el funcionario respondió afirmativamente y expresó que el proceso podría haber comenzado.
El plan gubernamental provocó fuertes enfrentamientos verbales y en las calles del país, donde crece la oposición a la propuesta, que restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes al permitirle al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
Empresarios, estudiantes, políticos, trabajadores de diversos sectores y hasta militares en activo cuestionaron la normativa, defendida por la derecha y sectores conservadores.
Más de 250 empresarios judíos estadounidenses advirtieron días atrás al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre las consecuencias negativas del proyecto.
Una encuesta realizada por la firma Business Data Israel, proveedora de información comercial, reveló que 20 por ciento de las compañías considera sacar su dinero del país o ya lo hizo por temor a las consecuencias de la normativa.
Por su parte, la agencia de calificación Moody’s alertó este mes que Israel enfrenta un riesgo económico a largo plazo debido a la reforma.
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