De acuerdo con la Unidad de Protección Vial (Provial), la Asociación de Veteranos de la Región Occidente mantiene tomados al menos cuatro puntos de carreteras en demanda de una mayor compensación económica por los servicios prestados al Ejército durante el conflicto armado interno.
En octubre de 2022, el Congreso aprobó la llamada Ley Temporal de Desarrollo Integral, la cual incluye un pago de 36 mil quetzales (cuatro mil 736 dólares) a cada uno de los veteranos a cambio de su inserción en un programa de reforestación.
Sin embargo, algunas asociaciones de exmilitares continúan inconformes y exigen un desembolso de 120 mil quetzales (15 mil 780 dólares), que incluiría a huérfanos y viudas, pero esa propuesta no prosperó entonces y sigue en pie la amenaza constante de más acciones a modo de presión.
Los bloqueos confirmados son en el kilómetro 124 de la CA-14 (Cumbre de Santa Elena); kilómetro 316 de la CA-13ª (de Entre Ríos, Izabal a Frontera Corinto, Honduras); kilómetro 315 de la CA-01 Occidente (de Guatemala a La Mesilla Huehuetenango, en La Democracia, en Huehuetenango) y el kilómetro 230 de la RN-1 (San Marcos), precisó Provial.
La víspera, los manifestantes anunciaron que las protestas pacíficas durarán hasta el próximo viernes a modo de presión contra el Gobierno, sobre todo en lugares clave como aduanas, fronteras, aeropuertos y el Congreso.
En declaraciones al medio digital La Red, el ministro de la Defensa Henry Reyes aseguró que, si los veteranos bloqueaban, el Ministerio de Gobernación con el apoyo del Ejército cumpliría con las leyes para restablecer la libre locomoción.
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