Una operación de la Policía Federal arrestó la víspera a nueve personas sospechosas de integrar una facción criminal del Primer Comando de la Capital (PCC) que proyectaba agresiones contra funcionarios públicos.
Interrogado sobre el tema durante un evento en Río de Janeiro, Lula respondió que no quería «atacar a nadie sin tener pruebas», pero luego señaló que era «más una trampa» del ahora senador, su opositor político.
«No voy a hablar porque creo que es más un engaño de Moro. Pero quiero ser cauteloso, voy a averiguar lo que pasó. Es visible que es una trampa de Moro. Pero voy a investigar, voy a saber el porqué de la sentencia», recalcó.
El fundador del Partido de los Trabajadores comentó que «no sé lo que va a hacer con su vida si sigue mintiendo de la manera que está mintiendo. Eso es».
Pero, remarcó, «Moro no es mi preocupación, mi preocupación es 215 millones de brasileños que están esperando que la gente pueda mejorar su vida».
Moro, del partido Unión Brasil, y su familia estaban siendo monitoreados desde enero por integrantes del PCC, sospechosos de planear matar y secuestrar autoridades, según el Grupo de Actuación Especial de Represión del Crimen Organizado, del municipio Presidente Prudente, interior de Sao Paulo.
Según el legislador, él era uno de los objetivos del grupo criminal.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, afirmó este miércoles que había «actos de montaje de estructuras para perpetrar crímenes (contra Moro) en Paraná (sureño estado)».
La represalia contra Moro estaba motivada por cambios en el régimen de visitas en prisiones.
Criminales también trabajaban con la idea de secuestrar al senador como forma de negociar la liberación de Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, atracador de bancos, considerado por el estado de Sao Paulo como líder de PCC.
Al citar agentes, el portal G1 aseguró que al menos 10 criminales se turnaban para monitorear a la familia del exmagistrado en Curitiba, capital de Paraná.
Después de la alerta, Moro y su familia pasaron a contar con escolta de la Policía Militar de Paraná.
Un comunicado policial apunta que unos 120 agentes cumplieron con 24 órdenes de búsqueda y 11 de arresto en los estados de Sao Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul y Rondonia.
De acuerdo con G1, el fiscal Lincoln Gakiya investiga el PCC que actúa dentro y fuera de las cárceles brasileñas e internacionalmente, desde el comienzo de la década del 2000.
Gakiya vive desde hace más de 10 años con escolta policial las 24 horas del día por las amenazas de muerte recurrentes que recibe.
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