Según el documento, el Ejecutivo hondureño los calificó de “indolentes e insensibles” y dijo que los emplazaría, por lo cual a partir de este viernes asegurará las instalaciones fiscales y de medicina forense con un proceso de aplicación de la ley.
“El Gobierno emplaza a los que dejaron abandonadas sus labores y les invita a que normalicen la atención a la ciudadanía con fiscales y médicos forenses en todo el país”, subrayó.
De igual modo, por medio del fiscal general Óscar Chinchilla inicia un diálogo y la deducción de las responsabilidades a los funcionarios que “sin ninguna conciencia y a sabiendas de la crítica situación económica que atraviesa las finanzas del Estado abandonaron sus funciones y afectaron a miles de personas”.
El texto añadió que adoptarán las medidas necesarias para que no se repita lo ocurrido, lo cual fue producto del reclamo de una familia ante la conducta de médicos forenses quienes se negaron a hacer la autopsia a una víctima de la violencia.
La información del Gobierno cuestionó las demandas desde el Ministerio Público sobre bajos sueldos, pues más de 702 personas de su nómina de empleados ganan por encima de los 33 mil lempiras (mil 337 dólares) y más de 471 funcionarios reciben salarios superiores a los 53 mil lempiras (unos dos mil 147 dólares).
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