El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993, señaló que el lunes 24 de marzo de 1980 el arzobispo de San Salvador, monseñor Romero, en plena celebración de la misa fue ultimado por un asesino profesional.
El Informe estableció que responsable de dar la orden de asesinar al prelado fue al mayor Roberto D’Aubuisson, ya fallecido, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido del que fue diputado y candidato presidencial.
La planificación y ejecución del asesinato se le atribuyó a Álvaro Saravia, único imputado en el actual proceso penal y con orden de captura, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.
El caso no está cerrado a 43 años, mientras salvadoreños opinan que la impunidad campea en un país, donde muchas masacres como la de El Mozote y el asesinato de cuatro periodistas de Países Bajos, se mantienen sin avances en los últimos años pese a presiones populares.
El abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, asegura que pese a que en 2017 de reabrió el caso, la Fiscalía General de la República no muestra avances en la investigación, pese a que el proceso ya está en fase de instrucción.
Ovidio Mauricio, presidente de Tutela Legal, dijo que el Juzgado Cuarto de Instrucción ya giró la orden de captura contra el capitán Álvaro Saravia, uno de los principales acusados del hecho, pero que ni Fiscalía ni la Policía muestran interés en hacerla efectiva.
«Sabemos que está muy cerca del país, en un país de Centroamérica, pero no sé ha mostrado de parte de las autoridades el mínimo interés por localizarlo. Eso demuestra el tipo de justicia que tenemos en nuestro país, que deja mucho que desear», dijo Mauricio citado por el diario La Prensa Grafica.
Hoy en el 43 aniversario de su partida física, la prédica y el mensaje de San Romero se mantienen vigentes y muchos estiman que si estuviera presente, su mensaje sería que no se abuse del pueblo.
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