La decisión del Partido Socialista Unificado (PSUV) de ponerse al frente del complejo proceso, por instrucciones precisas del jefe de Estado y máximo representante de esa fuerza política, constituyó un espaldarazo decisivo y puntual al definir la transparencia con que las autoridades desean actuar.
El PSUV, como organización oficialista, es el guía ideológico y aglutina en su seno el núcleo fundamental de defensa de la Revolución, por lo que debe distanciarse de los partidos tradicionales que gobernaron la nación por más de 40 años y convivieron en complicidad con los vicios que se combaten hoy.
De ahí que como afirmó su primer vicepresidente Diosdado Cabello, nunca antes en ningún período del país se denunció la corrupción como lo hizo el comandante Hugo Chávez (1954-2013) y lo viene haciendo Maduro, no solo su revelación, afirmó, sino que también adoptaron medidas ejemplarizantes.
El dirigente político remarcó que para nada los pone a la defensiva esa situación porque una de las tareas del proceso revolucionario es precisamente el enfrentamiento contra esos antivalores.
Comentó que cosas distintas ocurrían en las sociedades cómplices de la IV República, donde todo el mundo sabía quién era ladrón o pillo, pero nadie tomaba ninguna decisión.
El apoyo al mandatario provino también del resto de los poderes del Estado y de instituciones como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Contraloría de la República, los cuales en comunicados abrazaron la causa del gobernante y repudiaron los actos de corrupción y otros vicios.
Maduro denunció que estos fenómenos están en enquistados en el sistema político, administrativo y judicial de la nación, y ratificó que su Ejecutivo asumió una posición vertical, frontal, absoluta, en la lucha contra la corrupción y los corruptos y los que roban, “vengan de donde vengan, se crean lo que se crean”, afirmó.
Apuntó que personalmente llevó adelante este proceso, nada fácil, junto al Ministerio Público, todos los órganos y el mando político, para dar este primer poderoso golpe a los mafiosos, y remarcó la absoluta voluntad y decisión de ir hasta la raíz misma.
En un proceso que apenas comenzó hace una semana, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció la detención de 19 personas, entre ellos la del jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas, Joselit Ramírez.
También la del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles y del juez José Maxcimino Márquez, con competencia en delitos asociados al terrorismo, el alcalde del municipio Las Tejerías, estado de Aragua, Pedro Hernández, y el diputado del oficialismo Hugbel Roa.
Los reportes periodísticos hablan, además, de la captura del coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y el teniente coronel José Agustín Ramos, director de Seguridad de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Como efecto colateral, y no menos importante, apenas iniciada la embestida, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, presentó su renuncia con el propósito de «apoyar, acompañar y respaldar totalmente» el proceso impulsado desde el Gobierno.
En su cuenta en Twitter, el también vicepresidente sectorial de Economía expresó que la decisión emana en “virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción” en Pdvsa.
Esta semana, Venezuela y la RASD ratificaron su histórica hermandad y solidaridad con la firma en Caracas de 11 acuerdos de cooperación en sectores como la salud, educación (incluida la universitaria), pesca y acuicultura, agua y medioambiente, agricultura y de consultas políticas entre Cancillerías, entre otros.
En un acto en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, Maduro mencionó los 11 documentos de cooperación integral rubricados y demandó a garantizar se conviertan cada uno en planes de cooperación pueblo a pueblo.
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