Convocados por la Unión Nacional de Educadores (UNE), cientos de docentes de diferentes provincias llegaron este sábado a la sede de la Corte Constitucional con consignas como “Fuera, Lasso, fuera” y “Presupuesto para educación y no para la corrupción”.
Los maestros exigieron a la institución judicial admitir el proceso de enjuiciamiento político contra el presidente Lasso, a quien un grupo de asambleístas acusó de cometer delitos contra la administración pública.
Para la líder de la UNE, Isabel Vargas, la Corte debe admitir el procedimiento contra el mandatario porque, además de estar ligado al narcotráfico y a la corrupción, ha demostrado incapacidad para resolver los problemas estructurales del país, incluida la educación.
Vargas criticó al Gobierno por la falta de políticas públicas contra la inseguridad y señaló que mafias, como la albanesa, reclutan a niños y jóvenes que viven en la pobreza y están fuera de las aulas.
La movilización también tuvo como propósito rechazar el reglamento impuesto por el Ejecutivo para aplicar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
De acuerdo con el gremio, esa normativa promueve la privatización de la educación, genera sobrecarga laboral y administrativa sobre los maestros, no garantiza el presupuesto necesario para la enseñanza, entre otras cuestiones que atentan contra alumnos y profesores.
Por esa razón, marcharon hasta la Asamblea Nacional a pedir el juicio político de la ministra de Educación, María Brown, por incumplimiento de sus funciones.
Allí los recibieron el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, y otros asambleístas, quienes se comprometieron a tramitar por las vías establecidas la solicitud para destituir a la titular del sector educativo.
La UNE y otras organizaciones sociales insisten en que el presidente y su equipo deben dar un paso al costado tanto por los crímenes cometidos como por el incumplimiento de sus promesas.
Se espera la próxima semana un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la solicitud para enjuiciar a Lasso políticamente, una acción que el gobernante calificó como intento desestabilizador.
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