Los artilugios de guerra generaron comercio y ganancias, y además creció su poder bélico. «Estamos trabajando para arreglarlo. Todos los días ocurren detenciones, búsquedas y confiscaciones en todo el país», declaró Dino en entrevista concedida al programa Revista Brasil TVT.
Recientemente, en Río de Janeiro, fueron decomisadas más de mil armas ilegales, recordó.
En la entrevista, el ministro volvió a elogiar el trabajo profesional de investigación de la Policía Federal (PF) y del Ministerio Público para desmontar planes de atentados de una organización criminal.
Pero también lamentó la manipulación mediática que llevó al uso político del caso por uno de los blancos, sin citar el nombre del senador Sergio Moro.
«La investigación nace precisamente de la necesidad de proteger a un promotor del estado de Sao Paulo. Porque él (Lincoln Gakiya, del Ministerio Público en esa división territorial), tiene una actuación muy fuerte contra el crimen organizado», indicó.
Entonces, este trabajo resultó en la identificación de objetivos en estados. Por lo tanto, fue una indagación nacional. «Lo que lamentamos es que siempre haya gente que quiera hacer manipulación política», alertó Dino.
Según el portal Rede Brasil Atual, con la política armamentista de la administración de Bolsonaro, el país permitió la adquisición de más de un millón de armas entre 2019 a 2022.
Precisa que un millón 354 mil 751 nuevos armamentos entraron en circulación en ese período, según datos recogidos por medio de la Ley de Acceso a la Información, analizados por el Instituto Sou da Paz y el Igarapé.
En respuesta, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula asumió con la propuesta de revertir esa política.
De acuerdo con el sitio, a principios de febrero, una ordenanza publicada por el ministerio comandado por Dino determinó el registro de todos los artefactos de guerra de uso permitido y el restringido en el Sistema Nacional de Armas de la PF.
En su primer día de gobierno, el fundador del Partido de los Trabajadores firmó un decreto que suspendió registros para adquisición y transferencia de aparatos bélicos y municiones de uso restringido por cazadores, coleccionistas, tiradores y particulares.
Tal medida tuvo el aval del Supremo Tribunal Federal que rechazó todas las acciones que llegaron a la corte contra el decreto.
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