Pido la suspensión de ese plan y el inicio de un diálogo sobre el tema, escribió en Twitter el ex primer ministro Naftali Bennett, antiguo aliado y ahora rival de Netanyahu.
En la misma red social, los ex jefes de Gobierno Yair Lapid y Ehud Barak también instaron a paralizar la legislación.
Sin embargo, Barak consideró que eso ya no es suficiente al estimar que los participantes en las protestas masivas que sacuden a Israel desde hace semanas deben exigir el fortalecimiento del sistema judicial y la destitución de Netanyahu.
Por su parte, Gideon Saar, legislador y antiguo titular de Justicia, criticó el despido anoche del ministro de Defensa, Yoav Gallant, por criticar la reforma.
“Es un acto de locura, lo que indica una completa falta de juicio, no hay precedentes en la historia de Israel de que un ministro de seguridad haya sido despedido porque advirtió, como lo exige su cargo, de un peligro para la seguridad”, expresó el político derechista.
Por su parte, Ayman Odeh, parlamentario por el partido de izquierda Hadash, pidió a la población a detener al fascismo.
Llamo a todos los ciudadanos, judíos y árabes, a tomar las calles y juntos reemplazar la dictadura y la incitación por la asociación y la paz, expresó en Twitter.
“En una dictadura nadie tiene inmunidad excepto el dictador. Cualquiera que muestre signos de desacuerdo será despedido de inmediato”, señaló Aida Touma-Sliman, también diputada de Hadash, en referencia a la destitución de Gallant.
Tras semanas de manifestaciones, en las últimas horas la tensión escaló en el país luego de los llamados a huelga general de diversos sectores, incluidos sindicatos, médicos y profesores.
Medios de prensa revelaron que ante la presión nacional, Netanyahu podría anunciar en las próximas horas una pausa en el proyecto de ley, aunque sus socios derechistas se muestran en desacuerdo.
El Canal 12 reportó que el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, podría abandonar la coalición de adoptarse esa medida, lo cual dejaría en minoría a la alianza ultranacionalista en la Knesset (Parlamento).
La reforma restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes al permitirle al Parlamento volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano y permitiría al Ejecutivo ultraderechista controlar el nombramiento de los magistrados.
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