Por Jesús Faría *
Colaborador de Prensa Latina
Era una crisis económica, social, política, pero también moral, de enormes proporciones. Recordemos que la rebelión militar del 4F (4 de febrero) de 1992 denunciaba en primera línea la asquerosa descomposición moral de las elites políticas y económicas.
El puntofijismo se desmoronaba en el pantano de las corruptelas, que lejos de ser combatidas, se estimulaban y justificaban.
Así es como una de las principales prioridades de la Revolución bolivariana, del proceso constituyente, y de todas las iniciáticas de las fuerzas chavistas, apuntaba a erradicar la corrupción, la cual podríamos definir como el enriquecimiento privado (grupal o individual) a partir del aprovechamiento del poder público y privado.
Al comienzo de la revolución quizás pensamos que detener este flagelo y derrotarlo sería una tarea más sencilla, cuando en realidad el robo de los recursos del Estado, las actuaciones nauseabundas de funcionarios públicos y el uso corruptor del poder económico privado cabalgaban sobre mecanismos poderosos y profundamente arraigados en la sociedad.
Tenemos los más recientes y gravísimos casos de corrupción en nuestra industria petrolera y el sistema judicial, donde altísimos funcionarios públicos cometieron las más inmundas tropelías con los dineros del pueblo en condiciones de enormes dificultades materiales para la población como resultado de los brutales efectos del bloqueo yanqui.
Se trata de una verdadera arremetida contra el pueblo y la Revolución por parte de traidores a la patria. Esto, sin embargo, no puede ocultar en ningún momento el hecho de que, con la Revolución bolivariana, como nunca antes, se ha actuado implacablemente en contra del robo de los recursos públicos.
Es en este nuevo periodo de nuestra historia, bajo la firme conducción del comandante Hugo Chávez (1954-2013) y ahora del presidente Nicolás Maduro, que se han procesado judicialmente a altísimos funcionarios públicos, desde ministros y magistrados, pasando por gobernadores y alcaldes, hasta llegar a presidentes y directores de empresas y organismos del Estado.
Esto constituye una diferencia abismal, como ya se ha dicho en otras oportunidades, en relación con el pasado puntofijista, con el de las dictaduras y los caudillos en los siglos XIX y XX. Aquellos eran gobiernos de elites descompuestas moralmente, que sustentaban el poder en función de su enriquecimiento mediante la rebatiña de los dineros públicos.
CAUSAS Y DIMENSIONES
El sistema de corruptelas diseñado por las elites económicas y políticas de la burguesía tienen múltiples formas de expresión. Una de ella es la moral. Como sabemos, el capitalismo se fundamenta en principios y antivalores como el afán al lucro a cualquier costo, el individualismo, la acumulación de riqueza, la competencia y las desigualdades, entre otros.
A partir de esto, se fomentan conductas como el soborno, el robo, el tráfico de influencias, el abuso al servicio de la acumulación creciente de riqueza y, por lo tanto, de poder. Esto activa un proceso de descomposición moral a escala creciente, que va permeando a sectores claves en la administración del Estado y de la sociedad.
Otra dimensión de este flagelo es la económica. La misma forma de funcionamiento del capitalismo, basado en maximización de la ganancia, lleva a los empresarios al empleo del soborno más descarado para capturar renta, prebendas y privilegios.
Con la riqueza acumulada se penetra el Estado para alcanzar privilegios y poder acumular mayores ganancias. La corrupción es, de hecho, un mecanismo frecuente de la fusión del poder político y el poder económico, de la subordinación absoluta de las decisiones del Estado a las estrategias del capital.
Por último, tenemos las instituciones del Estado. En nuestro caso son, en buena medida, las heredadas del pasado, hechas a la medida del saqueo y de los privilegios de las oligarquías. Son instituciones ineficientes, plagadas de burocratismos, que constituyen una antesala a los actos de corrupción. Además, ellas conviven con mecanismos inservibles de fiscalización.
CONSECUENCIAS
En el contexto de esta trilogía, la corrupción se mantiene con vida aun en condiciones de los mayores esfuerzos de la Revolución por erradicarla, con consecuencias muy negativas para el desarrollo de la nación, que van mucho más allá del ya crucial asunto moral.
Entre muchas de ellas, cabe destacar en lo sociopolítico: crecientes desigualdades en la distribución del ingreso, merma de los recursos del Estado para la inversión social, inestabilidad política por la protesta social contra este flagelo, deslegitimación del sistema político, deterioro de la democracia y otros.
En lo económico, tenemos: merma en la fortaleza financiera del Estado, creciente acumulación de riqueza por vías fraudulentas, socavamiento del mecanismo de estímulo económico para la producción, relaciones de parasitismo hacia el Estado, reforzamiento del control del poder económico sobre el Estado, entre otros.
OFENSIVA REVOLUCIONARIA
La lucha contra la corrupción es compleja, así como también ese proceso de descomposición. En la coyuntura actual, la Revolución se declaró en ofensiva implacable para combatirla y una gran fortaleza de esta estrategia consiste, precisamente, que el mismo Jefe de Estado, Nicolás Maduro, se puso al frente de esta cruzada.
Acá se conjugan tareas de enorme importancia. Erradicar la impunidad es clave, lo cual pasa por eficientes mecanismos de fiscalización y sanción. Los procesos educativos sobre la base de nuevos patrones culturales, así como los ejemplos que proyecte el liderazgo del país, son vitales para el arraigo ético de los valores socialistas en esta y las nuevas generaciones.
El fortalecimiento de las instituciones y, más allá de ello, su total transformación en el marco del nuevo Estado revolucionario de creciente participación popular, constituye uno de los más eficientes antídotos contra los desfalcos al fisco.
Hay que insistir en la superación del rentismo (petrolero), que genera un parasitismo crónico en relación con los recursos públicos. La comunicación participativa y democrática de la sociedad permite la denuncia sustentada y el debate amplio de los casos de corrupción. La democratización de la vida económica impide los privilegios del gran capital a través de sobornos, entre muchas otras tareas.
Está claro que podremos acabar con la corrupción de manera definitiva cuando enterremos sus raíces, que se ubican en el sistema capitalista de explotación. Por ello, las mencionadas tareas pertenecen al proceso de transición al socialismo.
Pero este es un proceso largo, complejo, donde existe el peligro de contagio de la descomposición del viejo sistema. En razón de esto, como dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, la Revolución tiene que crear sus anticuerpos para ir a fondo contra las corruptelas.
Eso es vital, porque estas manifestaciones de degeneración moral, de restauración de la vieja dominación burguesa, pudieran ser aún más peligrosas para el proceso bolivariano que la misma agresión imperialista.
Finalmente, hay un punto esencial de nuestra estrategia anticorrupción: unir al pueblo con su poderoso escudo moral, el mismo que nos permitió derrotar al imperialismo yanqui en su reciente y feroz ataque.
Para toda gran batalla se requiere de una fuerza de extraordinarias dimensiones. Esa fuerza es el pueblo trabajador organizado y consciente, al frente del cual está el PSUV, su potente vanguardia.
Para ello es crucial llevar a cabo una intensa campaña comunicacional a fin de orientarlo, pues esta es también una gran batalla de la verdad contra la mentira. La Revolución no tiene absolutamente nada en común con la corrupción, son antagónicas, siempre la ha combatido de manera implacable.
Por cierto, la derecha corrompida en los gobiernos del pasado y ahora haciendo oposición golpista, carece de autoridad moral para hablar de este tema.
De esta batalla saldremos fortalecidos moral y políticamente, depurados de elementos descompuestos y en mejores condiciones para desarrollar nuestro programa histórico.
arb/jcd/jf
*Economista, político y presidente permanente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional.
