Luego del decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso, que autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, la cartera argumentó que habrá restricciones.
Según el Ministerio, la medida anunciada por el mandatario no implica libertad absoluta para poseer esos artefactos letales, sino la decisión de hacer cumplir la Ley de Armas vigente.
Esa ley establece que los ciudadanos podrán tener acceso a un arma de fuego tipo pistola o revólver para su protección, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa manifestó que coordina con otras instituciones del Estado los protocolos previos al otorgamiento de los permisos para uso particular de los dispositivos. Una decena de universidades, organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas se pronunciaron contra la nueva normativa y todos coinciden en que no resolverá la crisis de inseguridad en el país, por el contrario aumentarán los crímenes.
Algunos ecuatorianos responsabilizan también a la Asamblea Nacional (Parlamento) por la medida sobre las armas, ya que en enero aprobaron reformas que, entre otras cosas, facilitan el ciberespionaje del Estado hacia los ciudadanos y flexibiliza el porte de esos instrumentos letales.
Así lo afirmó el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdoba, quien señaló en entrevista a Radio Pichincha que todas las bancadas legislativas le entregaron herramientas al Gobierno para el porte de armas.
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