Han transcurrido cuatro años desde que sucedió el asalto sin precedentes a la Embajada de la República Popular Democrática de Corea ante el Reino de España, bajo el control directo de las autoridades de inteligencia estadounidenses, señala la nota oficial.
El documento refiere que después del incidente, el Gobierno de España publicó los resultados de la investigación preliminar de que un grupo de terroristas compuesto por más de 10 estadounidenses cometió a pleno día la intrusión ilegal en la sede diplomática.
El gobierno español entregó incluso los documentos robados al Buró Federal de Investigación de Estados unidos (FBI) y, según el Tratado de extradición con Washington, le exigió a la nación norteña el arresto y retorno de los criminales que ya habían abandonado el país, agrega el comunicado.
Sin embargo, la Cancillería aseguró que Estados Unidos ni profundiza la investigación del hecho, ni entrega al criminal Christopher Ahn, quien aún se encuentra en suelo norteamericano.
Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, todos los Estados receptores asumen la obligación internacional de garantizar la absoluta seguridad de los representantes diplomáticos acreditados en sus países.
Penetrar en los locales de la misión diplomática sin consentimiento es precisamente intrusión en el territorio del respectivo país.
Pero la insistencia de Washington en que los privilegios e inmunidades no aplican a los agentes diplomáticos de países contrarios a su ideología es realmente un argumento gangsteril y una violación fragrante del derecho internacional, subraya el comunicado.
La Cancillería aseguró que no habrá ni conciliación ni concesión a la hora de defender el poder y la dignidad estatales de la RPDC, y proteger la vida y seguridad de sus ciudadanos.
Esta es nuestra posición de principio invariable. Estados Unidos debe pedir perdón oficial por el asalto contra nuestra embajada en Madrid, recompensar sus daños, arrestar y entregar inmediatamente a todos los criminales implicados en el caso, señala la nota.
Y el Gobierno de España, por su parte, deberá esforzarse activamente por la pronta solución del caso a base del principio de independencia e imparcialidad, concluye el texto.
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