Con un plantón en las afueras del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno, rechazaron la medida anunciada el pasado domingo por el mandatario porque podría aumentar los homicidios en un contexto de inseguridad nacional.
En medio de gritos de “Fuera, Lasso”, los participantes en la protesta demandaron más educación, políticas públicas y no armas.
Asimismo, colocaron fotos de algunas de las más de 330 mujeres víctimas de femicidio en 2022, muchas de ellas asesinadas con artefactos letales como los ahora permitidos.
Si cada 26 horas es asesinada una mujer, con esa decisión esa cifra va a aumentar, la vida está en riesgo, afirmó una joven estudiante allí presente, mientras otra portaba un cartel con el texto “Quiero enseñarle a mi sobrino que los problemas se resuelven con educación, no con armas”.
Una decena de universidades, organizaciones sindicales, estudiantiles e indígenas se pronunciaron contra la nueva normativa y todos coinciden en que no resolverá la crisis de inseguridad en el país, por el contrario aumentarán los crímenes.
Algunos ecuatorianos responsabilizan también a la Asamblea Nacional (parlamento) por la medida sobre las armas, ya que en enero aprobaron reformas que, entre otras cosas, facilitan el ciberespionaje del Estado hacia los ciudadanos y flexibiliza el porte de esos instrumentos letales.
Así lo afirmó el profesor de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdoba, quien señaló en entrevista a Radio Pichincha que todas las bancadas legislativas le entregaron herramientas al Gobierno para el porte de armas.
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