La personas denunciadas, según la Procuraduría General de la República, fueron detenidas frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia al día siguiente de la tentativa y por eso son tratadas como estimuladoras y no como integrantes de los sucesos terroristas.
Según el Ministerio Público, estas acusaciones concluyen el análisis de la situación de los detenidos por relación directa con los eventos.
En total, mil 390 personas resultaron denunciadas dentro del marco de la investigación de los ataques antidemocráticos.
De esa cifra, 239 señalados como posibles ejecutores de los actos y mil 150 supuestos incitadores del vandalismo.
Solo una persona fue denunciada por supuesta omisión de agentes públicos.
El Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá si incrimina a los sospechosos.
Por momentos, la Policía Federal (PF) cumple órdenes de búsqueda y captura, y mandatos de detención preventiva, mediante la llamada Operación Lesa Patria, que investiga a personas que participaron, financiaron o se omitieron en las embestidas golpistas.
De acuerdo con la PF, los crímenes investigados son de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro protagonizaron acciones antidemocráticas el 8 de enero en Brasilia.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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