La decisión del jefe del Ejecutivo se precipitó luego del asesinato esta madrugada de un oficial del Cuerpo de Carabineros, quien recibió dos disparos en el rostro durante un procedimiento policial.
Se trata del tercer miembro de esa institución que muere en servicio durante las últimas semanas, hechos que provocaron intensas jornadas legislativas para dar vía libre a numerosos proyectos vinculados con temas de seguridad.
La Ley Naín-Retamar establece el principio de “legítima defensa privilegiada”, que permite a las fuerzas policiales y efectivos del ejército el uso de sus armas cuando –a su juicio- sus vidas e integridad física, o la de terceros, estén en peligro.
Esta norma fue aprobada la víspera en tiempo récord por el Senado y la Cámara de Diputados y entrará en vigor cuando se publique en el diario oficial.
Organizaciones humanitarias, partidos de izquierda y grupos de víctimas de brutalidad policial durante el golpe de Estado de 1973 y el estallido social de 2019, criticaron la ampliación de potestades a la policía, sin fijar normas claras para controlar su actuación.
La ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, informó que hay otro grupo de iniciativas, algunas patrocinadas por el Ejecutivo y otras de origen parlamentario, listas para ser promulgadas hoy.
Entre ellas mencionó una que refuerza el control del porte y uso de armas, así como el agravamiento de penas por el delito de extorsión y el refuerzo a la gendarmería, un cuerpo encargado de la vigilancia en las cárceles del país.
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