El embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, manifestó en declaraciones a la televisión que este asunto tiene 200 años y trasciende cualquier ideología y color porque se trata de verificar “si nos estafaron o no”.
Estimó que este “es el problema más grande” que tiene la República Bolivariana y la política cotidiana resulta pequeña, por la cual no puede echarse la culpa a ningún gobierno.
Lo mejor que pueden entender las nuevas generaciones es que Venezuela perdió un pedazo de su territorio porque estaba en guerra civil y era un momento de debilidad, por eso “vinieron las aves de rapiña mientras nos estábamos matando entre nosotros”, aseveró.
A juicio del diplomático, hoy creen que estamos en la misma situación y es “la unidad nacional la que nos va a salvar” cuando “el agente del mal” venga a crear divisiones por este tema, porque nos quieren quitar nuestro territorio, “no permitamos que nos dividan en este tema”, subrayó.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció ayer ante la prensa que en los próximos días el Presidente se va a dirigir al país y hará una gran consulta con todos los sectores sobre las implicaciones que tiene esta sentencia incidental.
Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó por unanimidad que la excepción preliminar interpuesta por Venezuela sobre la disputa que sostiene con Guyana por el territorio del Esequibo es admisible, pero la rechazó por mayoría de votos.
En una sentencia que calificó de definitiva, inapelable y vinculante para las partes, el alto tribunal de las Naciones Unidas rechazó por mayoría de 14 a uno la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana, según el fallo leído por la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, presidenta de la CIJ.
Para el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá la querella con Guyana debe solventarse a través del Acuerdo de Ginebra de 1966 y descartó recurrir al Laudo Arbitral de París de 1899, porque está viciado de nulidad y se contrapone a la Constitución de 1999.
El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del territorio de la Guayana Esequiba en la Asamblea Nacional remarcó que la carta magna establece en su artículo 10 que no se pueden aceptar tratados viciados de nulidad, por lo que “legalmente no podemos aceptar el Laudo Arbitral de París de 1899”, acotó.
De acuerdo con el experto, ese veredicto viola el principio del debido proceso, la igualdad de las partes, la reciprocidad procesal, la independencia y autonomía de las pruebas y se incurre en exceso de poder y extralimitación de funciones, para lo cual no estaba autorizado.
Razonó que por eso las Naciones Unidas admitió la demanda venezolana y ello conllevó a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, como transitorio para una solución definitiva entre las partes.
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