Los ecuatorianos refirieron que en lo que va de 2023 los homicidios aumentaron en la nación andina, con mayor incidencia en las provincias costeras, donde el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción recientemente.
Los internautas rechazaron las palabras del funcionario público, quien manifestó que en la provincia de Santa Elena las muertes violentas bajaron un 57 por ciento, en Los Ríos, un 79 por ciento, y en Guayaquil, un 18,3 por ciento, todas bajo la medida de excepción.
Zapata también señaló que en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, de 71 muertes pasaron a 58, con una reducción del 18,3 por ciento.
A este comentario los usuarios respondieron que solo en Guayaquil, durante el feriado de Semana Santa, hubo al menos dos sicariatos, un coche bomba, secuestros extorsivos y la liberación de un comerciante.
A propósito, este lunes medios locales revelaron que empresarios nacionales y extranjeros han pausado sus negocios en el sector turístico del país andino debido al aumento de los niveles de inseguridad.
Robos, asaltos, asesinatos y extorsiones han hecho que las personas eviten salir de sus casas, lo que significa menos clientes en restaurantes y hoteles, dijo el presidente de una misión de inversionistas peruanos aquí, José Manuel Saavedra.
De acuerdo con Saavedra, los capitales que se han ido o que están en pausa iban a destinarse a la región costera de la nación andina, específicamente a ciudades como Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Salinas.
Esas ciudades se encuentran en provincias donde rige un estado de excepción por el incremento de las actividades de bandas organizadas en delitos como el narcotráfico y la extorsión, puntualizó.
La inseguridad y la crisis política mantienen en jaque la vida de los ecuatorianos con nuevos hechos de violencia sumados a la reciente decisión gubernamental de permitir el porte de armas.
Universidades, organizaciones sindicales, estudiantiles, de indígenas y de derechos humanos se pronunciaron contra la medida anunciada por el presidente Guillermo Lasso de autorizar la tenencia y porte de artefactos letales para civiles como forma de enfrentar la ola de violencia.
Expertos e instituciones académicas coinciden en que la normativa no resolverá la crisis de inseguridad y por el contrario, aumentarán los crímenes.
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