De esa forma, buscan retomar la producción en los bloques petroleros 16 y 67, en la provincia de Orellana, donde la semana pasada se extrajeron poco menos de los 13 mil 500 barriles que salen de esos pozos diariamente en condiciones normales.
Los waoranis reclaman la reparación ambiental de un derrame de crudo ocurrido allí en 2008, exigían una consulta previa -como establece la Constitución- sobre el ingreso de Petroecuador a los campos y un acuerdo directo con la petrolera estatal.
La empresa realizará las gestiones pertinentes, dentro de sus competencias, para dar cumplimiento a los compromisos con las comunidades de las zonas de influencia de los bloques 16 y 67 con las que se alcanzaron acuerdos, señaló la entidad en su comunicado.
Igualmente, la petrolera añadió que implementa un Plan de Relaciones Comunitarias en poblaciones aledañas a sus operaciones, enfocada en infraestructura comunitaria, educación, derechos humanos, revalorización cultural, salud y proyectos productivos.
Desde el 25 de diciembre de 2022 los waoranis de Dicaro y otras regiones aledañas comenzaron a protestar, porque luego de más de 30 años de explotación petrolera en sus tierras vieron cómo la selva era devorada por la maquinaria y vino la contaminación y las divisiones entre ellos.
El presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, Juan Bay, aclaró -en una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)- que solamente hubo acuerdo con la comunidad de Dicaro, pues otros pueblos continúan movilizados contra la estatal.
Petroecuador asumió la operación de esos bloques a inicios de año después que el Gobierno negara la extensión de los contratos de servicios a Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE).
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