Ataques, algunas veces ofensivos y denigrantes, estuvieron presente en el ejercicio en el foro parlamentario para sacar adelante una política defendida a capa y espada por el Gobierno y, a la vez, criticada por la oposición como violatoria de derechos fundamentales.
Acusaciones a opositores y organizaciones locales e internacionales de defender a presuntos asesinos y buscar su libertad estuvieron a la orden del día esta madrugada cuando miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) arremetieron contra integrantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
La versión oficial, aunque con matices, considera a todos los mas de 67 mil detenidos como culpables de crímenes, homicidios y otras figuras delictivas como la extorsión, mientras la oposición asegura que hay un gran número de detenidos inocentes, algunos dicen que hasta un 40 por ciento.
Ese margen de error del que ustedes hablan como un número son vidas. Hay más de siete mil casos documentados de violaciones a derechos humanos, dijo esta madrugada Marleni Funes, diputada del FMLN, una de las figuras que exigió el respeto de derechos y el apego a las leyes del país.
Mientras, la mayoría de NI exhibió, y en ocasiones se vanaglorió, de su mayoría para aprobar normativas pese a los argumentos de la oposición, la que no es tomada en cuenta, según expresó el presidente del Parlamento unicameral, Ernesto Castro.
El debate mostró que el Gobierno argumenta en el decreto que pandillas “siguen generando hechos delictivos en perjuicio de la población salvadoreña”.
Nuevas Ideas acusó a la oposición de defender a pandilleros, y mientras la oposición insiste en que no defiende a terroristas, el Congreso aprobó con 67 votos a favor, seis en contra y siete abstenciones, (cuatro ausentes), el Decreto No.333/22 que prolonga el régimen de excepción hasta el 16 de mayo próximo con la promesa de diputados de Nuevas Ideas y de sus aliados de seguir acompañando más su extensión cuando las solicite el Poder Ejecutivo.
La víspera el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al argumentar la necesidad de prolongar la medida, acusó a organizaciones no gubernamentales internacionales de “defender a criminales”.
Algo que llama la atención en estos debates y en la política oficial en general, es la negativa a que las personas presas bajo los argumentos de ser pandilleros puedan ser participes de una política de reeducación e incorporación a la sociedad.
Cerca de 80 por ciento de los presuntos pandilleros son jóvenes y hoy hay dudas crecientes sobre cuántos son inocentes, uno de los argumentos que alimenta las llamas de la controversia.
Mientras, los partidos de oposición se mantienen en contra de continuar con el régimen de excepción por considerar que responde a una estrategia electoral de parte del gobierno y para amedrentar a opositores.
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