Validada en 2002, la norma prevé medidas para evitar el intercambio de bebés en hospitales públicos, privados y maternidades del estado.
Además del uso de brazaletes de identificación y pinza umbilical, la ordenanza determinó la recolección y archivo de material genético de madres e hijos internados en la sala de parto y estar disponible para la justicia en caso de necesidad de realizar un examen de ADN.
El caso fue detenido en el Supremo en 2016 a través de una acción presentada por la Procuraduría General de la República.
Para la Fiscalía, la ley es inconstitucional por violar la intimidad y privacidad de las gestantes, además de no considerar la voluntad de las madres para realizar la recolección del ADN.
Al juzgar la cuestión, el ponente del caso, ministro Luiz Fux, del STF, votó por la suspensión de la ley por entender que resulta desproporcionada.
«Con la salvedad de prevenir la ocurrencia de situaciones nocivas al bienestar de las familias brasileñas, la presente ley, en razón de su desproporcionalidad, hiere también el precepto constitucional del debido proceso», afirmó.
Además, conforme al ordenamiento jurídico, los datos genéticos son considerados datos sensibles, que exigen una «tutela jurídica más cuidadosa» del poder público, pues «afectan el núcleo más profundo de la intimidad de las personas», alegó Fux.
Insistió en que la norma permite que el Estado se entrometa en temas que incumben solo al sujeto decidir. Con esto, «restringe directamente los principios de la privacidad e intimidad», refirió.
La ley estadual tampoco permitió que se pida la retirada del material genético de los bancos de datos de los hospitales, ni prohibió su uso para otros fines. En opinión del magistrado, esto configura una «carta blanca» para utilización futura de la información, pues tampoco hay un plazo para el mantenimiento de las estadísticas, lo cual perpetúa tal violación.
Asimismo, el juez argumentó que la norma es incapaz de prevenir el intercambio de recién nacidos en las maternidades.
Tal entendimiento fue seguido por los ministros André Mendonça, Nunes Marques, Días Toffoli, Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso.
De esta forma quedó mayoría en la corte superior para declarar la inconstitucionalidad de extractos de la ley de Río, pero el juicio se reanudará este jueves, pues la sesión se cerró la víspera sin que todos los ministros se pronuncien. Seis de ellos ya votaron por invalidar el precepto.
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