En un discurso este jueves durante un homenaje póstumo a agentes que perdieron la vida recientemente, el mandatario aseguró a los uniformados que él y su Gobierno defenderán a quienes pretendan ser imputados por usar sus armas contra la delincuencia.
El gobernante se refirió también al asesinato en la tarde de hoy de tres oficiales mientras almorzaban frente a la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
“Mi abrazo para los familiares y seres queridos de Andrea Chiles, Bélgica Rentería y de María Barragán”, expresó el jefe del Ejecutivo en su intervención, cuando pidió al ministro del Interior, Juan Zapata, encontrar a los responsables en el menor tiempo posible para llevarlos a la justicia.
Las declaraciones de Lasso tienen lugar en medio de un alza de la inseguridad en el país, con casos cada vez más recurrentes de asesinatos, robos, ataques armados, amenazas de bombas, extorsiones, entre otros crímenes.
Este jueves, además del homicidio de las policías, tres pescadores fueron acribillados a balazos en alta mar.
El hecho ocurre dos días después de la masacre en el puerto pesquero de la provincia de Esmeraldas, que dejó un saldo de nueve personas asesinadas y cuatro heridas.
El Gobierno atribuye la actual crisis de inseguridad a bandas asociadas al narcotráfico y a la respuesta de esas pandillas a las acciones para enfrentarlas.
Mientras, la ciudadanía exige al Ejecutivo acciones urgentes frente a esa situación, que ha provocado en lo que va de año más de 600 muertes violentas en la llamada Zona 8, que comprende los municipios costeros de Guayaquil, Durán y Samborondón.
Las autoridades aseguraron la víspera, durante una sesión de la mesa interinstitucional sobre seguridad pública, estar trabajando en tres frentes para contener la violencia, lo que incluye varias reformas que el jefe del Legislativo, Virgilio Saquicela, se comprometió a impulsar.
El llamado de Lasso a utilizar las armas por parte de agentes policiales se enmarca en el contexto de autorización del porte de esos artefactos letales para civiles, una medida anunciada la semana pasada y que ha generado rechazo en gran parte de la sociedad ecuatoriana.
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