Un vocero parlamentario comentó, en declaraciones divulgadas por el diario Il Sole 24 Ore, que en la mañana de este miércoles se iniciarán en ese órgano legislativo las audiencias preliminares, mientras se prevé una votación de las enmiendas al finalizar la jornada.
Entre los puntos clave, que generan mayor controversia por parte de los partidos opositores, se encuentra los cambios para limitar la protección especial de los migrantes.
Ese concepto se refiere al permiso de residencia que actualmente se expide en los casos en que las comisiones territoriales no reconocen al ciudadano extranjero solicitante de asilo, ni al estatuto de refugiado del mismo o su protección subsidiaria, y sin embargo se considera necesario impedir su expulsión, precisa ese medio.
Tal decisión se aplica cuando se teme que en el Estado al que puede ser devuelto, el inmigrante puede ser sujeto a persecución por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, ciudadanía, religión, opiniones políticas, condiciones personales y sociales, con riesgo de tortura o de tratos inhumanos y degradantes.
El pasado año esas comisiones emitieron 59 mil decisiones, y el 19,0 por ciento de las mismas fue de reconocimiento de la protección especial, con algo más de 10 mil permisos, mientras en casi un cuarto de los casos se reconoció la protección internacional y en el 56,0 por ciento de los mismos las solicitudes fueron denegadas.
En 2023 ya se adoptaron 19 mil decisiones en esos órganos, y en la quinta parte de los casos se otorgó el reconocimiento de protección especial, con alrededor de tres mil 800 permisos, mientras que en el 17,0 por ciento de estos se concedió el asilo o protección subsidiaria y se denegaron el 63,0 por ciento de las solicitudes, agrega la fuente.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de abril último comprende, además de la implementación de un sistema dirigido a complejizar los procedimientos especiales de protección en esta nación, la promoción de nuevos acuerdos con los principales países emisores, como Túnez y Libia.
Se pretende implementar mecanismos para facilitar e incrementar las repatriaciones hacia esas dos principales naciones de salida y a otras, de donde procede la mayor parte de los inmigrantes, como Egipto, Costa de Marfil, Burkina Faso, Siria, Camerún, Pakistán, Guinea, Bangladesh, Malí y Gambia.
En tal sentido, el Gobierno italiano pretende abrir al menos un Centro de Detención para Repatriaciones en cada una de las 21 regiones de este país, pues en estos momentos se cuenta solo con nueve, uno en Roma, dos en Sicilia y en Apulia, así como uno en Basilicata, Piamonte, Cerdeña y Friuli-Venecia Julia.
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