Un texto del Centro Judicial Isidro Menéndez precisó que fue escuchado el testimonio del coronel Guillermo Alfredo Benavides, interrogado por tres fiscales y su declaración anticipada fue tomada en calidad de testigo de la Fiscalía General de la República.
Benavides, condenado por los hechos del 16 de noviembre de 1989, en el campus de la UCA, donde militares masacraron a seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, inculpó al general René Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y al teniente coronel Carlos Camilo Hernández, subdirector de la Escuela Militar de organizar y dirigir la matanza.
Benavides, a esa fecha director de esa escuela, dijo que los jesuitas no eran considerados aliados o colaboradores del FMLN en la Ofensiva ‘Hasta el Tope’”, sin embargo el general Ponce y Camilo Hernández armaron el plan de asesinato y que él solo trasladó la información, pero que él no sabía que la orden también era eliminarlos sin dejar ningún testigo.
Indicó la fuente judicial que a Benavides le ordenaron ejecutar al padre Ignacio Ellacuría, estando ya en el lugar y tuvieron que matar a los demás, porque no podían dejar testigos.
Ponce, ya fallecido, fue acusado por la Comisión de la Verdad de ser quien dio la orden de asesinar a los jesuitas, sin dejar testigos, mientras Hernandez es uno de los 10 militares imputados en el proceso penal y uno de los que llegó el día de la audiencia inicial, cuando el caso se reabrió, el año anterior.
Los hechos atribuidos al Batallón Atlacatl, conforman una de las tantas masacres ejecutadas por los militares en la década de los 80 entre ellas los asesinatos de cuatro periodistas de Países Bajos y la Masacre del Mozote, donde murieron más de mil personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños.
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