Un hecho de violencia en Tucurú, Alta Verapaz, subió el tono del enfrentamiento entre las 30 agrupaciones en la contienda y en especial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Valor-Unionistas.
En un vídeo apareció una simpatizante de la presidenciable de este último partido, Zury Ríos, pistola en mano y disparó al suelo el pasado lunes en un enfrentamiento que generó todo tipo de cuestionamientos en los medios, sobre todo porque ocurrió a solo cuatro días de que firmaran un Acuerdo de No Agresión promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por los acontecimientos, la aspirante a Presidenta de la UNE, Sandra Torres, denunció ante el Ministerio Público el ataque armado, después de una acalorada discusión en varias partes, tipo novela.
Por su parte, Ríos -hija del exdictador Efraín Ríos Montt-, salió de inmediato en un vídeo en sus redes sociales para supuestamente calmar los ánimos con su decisión de identificar a esa persona, separarla de sus colaboradores y «aplicarle todo el peso de la ley, apegado a su código de ética».
También el TSE emitió un comunicado para llamar a la cordura y varios contendientes aprovecharon el momento para sacar lasca del episodio e intentar subir en las encuestas, dominadas hasta ahora por Ríos y Torres.
En el orden legal, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) logró que la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptara un amparo en función de inscribir a su binomio presidencial, fuera de la contienda por decisión del Registro de Ciudadanos (RC) del máximo ente electoral y en un segundo momento, por la Corte Suprema de Justicia.
De esta forma, el tribunal constitucional tiene literalmente en sus manos la participación de Thelma Cabrera (cuarta en los comicios de 2019) y de Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos (2017-2022).
Ambos enfrentan un laberinto legal desde febrero último, un mes después de su proclamación oficial en Asamblea General de la agrupación, pero a merced de las Cortes, que como cuatro años atrás están jugando un papel trascendental en aceptar o denegar candidatos.
Según los abogados del MLP, las resoluciones tanto del RC primero como del TSE, después, violan el derecho a elegir y ser electos de su fórmula presidencial y le obliga a mantenerse fuera de la campaña iniciada el 27 de marzo.
Para el MLP, la obstaculización que ponen a la participación de sus aspirantes presidenciales no se debe a Rodas, sino al sistema actual, pues consideran tanto al TSE como a la CSJ muy sumisos a los poderes fácticos.
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